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viernes, 30 de mayo de 2014

LA CONFUSION AGRARIA DE LA SELVA LACANDONA

RONDA POLITICA

Víctor Lara

 

 

LA CONFUSION AGRARIA DE LA SELVA LACANDONA

 

1971) El 26 de noviembre una Resolución presidencial concede 614321 hectáreas a 66 comuneros lacandones, sin tomar en cuenta a otros pueblos con trámites, resoluciones o dotaciones anteriores, unas 3 mil familias tzeltales y choles asentadas en la Selva Lacandona en décadas anteriores con aprobación del gobierno. Tras el decreto se encontraba el acuerdo entre los representantes lacandones y la Compañía Forestal de la Lacandona S. A.  (Cofolasa), propiedad del Estado que permitía la explotación de 35 mil metros cúbicos de caoba y cedro por diez años.


1972) El 26 de marzo se publica oficialmente esta Resolución ejecutada el 24 de septiembre sin realizar los trabajos de deslinde.


1974 ) Ante la amenaza de desalojo de los ejidatarios asentados con anterioridad con Resoluciones presidenciales ejecutadas y sin ejecutar o con trámites de solicitud pendientes 26 comunidades resisten, lo que contribuye a la formación de la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel en 1975. Los topógrafos comienzan a trazar los límites del perímetro de la Comunidad Zona Lacandona desmontando una brecha de 10 metros de ancho. Otros 23 poblados tzeltales y choles aceptan la relocación y las promesas de apoyo gubernamental, crédito y subsidios, en los nuevos asentamientos de Frontera Echeverría (Frontera Corozal) y Velasco Suárez (Nueva Palestina). Se inician los trabajos técnicos para las 1452 personas que firman un convenio de reubicación.


1977) Enfrentamiento en Nueva Providencia entre las comunidades de la Quiptic y la policía, ante los hostigamientos y la amenaza de desalojo.


1978) El 12 de enero el gobierno publica el decreto de dos áreas protegidas en la Selva Lacandona: la Zona de Protección Forestal (2.6 millones de hectáreas), y dentro de ésta la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (331200 hectáreas). La reserva ocupa más del 50 por ciento de la Comunidad Lacandona.
En marzo un grupo de 800 campesinos de Quiptic bloquea la construcción de “la brecha” que delinearía la Comunidad Lacandona. La organización se expande rápidamente conforme los ejidos del norte y el este de Ocosingo se integran a la lucha por defender sus derechos agrarios.

1980) La convergencia en torno a la comercialización del café culmina con la formación, en septiembre, de la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas (UU). La UU une a las tres Uniones de Ejidos formadas en la segunda mitad de los setenta: Quiptic Ta Lecubtesel en el municipio de Ocosingo; Lucha Campesina y Tierra y Libertad, en Margaritas, uniendo grupos productores de Los Altos, la Selva y la región fronteriza. Es la primera y más amplia organización campesina independiente de Chiapas de entonces: representa a 12 mil familias, de 180 comunidades, en once municipios.


1981) A raíz de la marcha de más de 2 mil campesinos de la UU para exigir la suspensión de las órdenes de desalojo y el reconocimiento de sus derechos agrarios afectados por el Decreto de la Comunidad Lacandona, se suspenden los desalojos.


1984 ) En enero se firma un acuerdo con la Reforma Agraria para respetar los títulos ejidales de las 26 comunidades de la Quiptic. La SRA regional retiene la instrumentación de los acuerdos y se pierden documentos relevantes en el edificio de la SRA en México en los terremotos de septiembre de 1985. La demora es también política. La solución depende de que acepten unirse a la CNC. Deciden mantenerse independientes.

1985) Ejecución real del decreto que establece la Comunidad Zona Lacandona con 485509 hectáreas incluyendo los dos nuevos centros de población. Quedan fuera del decreto los 26 ejidos de Quiptic asentados en la zona. El conflicto agrario persiste.


1986) Como hoy, los colonos campesinos son vistos en los medios de información y en los documentos oficiales como la principal causa de deforestación en Chiapas mientras que los madereros y los ganaderos pasan desapercibidos. Las dilaciones de la SRA local mantienen viva la amenaza de desalojo. La Quiptic propone alternativas de solución basadas en las necesidades económicas y sociales de las comunidades afectadas, y se compromete a conservar la selva si el gobierno reconoce los derechos de los 26 ejidos y los apoya para fomentar una agricultura intensiva más sustentable. Se crea la Comisión Intersecretarial para la Selva Lacandona.

En octubre se reúnen en Palenque los representantes de la SRA, SEDUE, el gobernador chiapaneco, la  SARCH, el Coplade y la Quiptic. Se acuerda reconocer los derechos de los 26 ejidos y los funcionarios de la SARCH prometen proporcionarles apoyo técnico y financiero. La Quiptic se compromete a participar en los programas de conservación y reforestación de la selva.


1987) Se firma un acuerdo final entre CFE, PEMEX, SEDUE, SARCH, SRA, Cofolasa, el gobierno del estado y Quiptic. Se establece un Comité Coordinador para la Preservación de la Selva Lacandona. Se legaliza la unificación de las varias organizaciones de la Unión de Uniones en una organización de tercer nivel (la ARIC Unión de Uniones).


1988) El 24 de marzo se firma un convenio entre comuneros, núcleos ejidales y representantes del gobierno. El 9 de julio se ejecuta por segunda ocasión la Resolución presidencial publicada en 1972, pero ahora reconoce 501106 hectáreas de superficie y ratifica el convenio firmado en marzo. 17275 hectáreas corresponden a 11 ejidos con resolución anterior al decreto de la Zona Lacandona, 51010 corresponden a 26 poblados solicitantes de tierras con trámites pendientes y 6 mil son destinadas a los reubicados en los nuevos centros de población.

Después de 15 años de lucha, el 25 de agosto se otorgan los títulos definitivos para los 26 ejidos de Quiptic, pero ya en ese momento existían más solicitudes en espera de solución. El crecimiento de las familias más viejas asentadas en la Selva, exige ampliaciones que comienzan a verse como “irregulares”.

1989-1993) Como primera acción agraria del presidente Salinas, en enero de 1989 se entregan oficialmente los títulos de propiedad para Quiptic. Comienza también el retiro de las instituciones estatales de financiamiento, apoyo y asistencia técnica.

Debido a la presión de los ambientalistas se establece una veda forestal de carácter total que incide incluso contra el corte de madera para uso doméstico, lo que enfrenta a los pobladores de la selva con los guardias forestales y la policía. Esta veda no se acompaña de programas que promuevan fuentes alternativas de ingreso. La veda también afecta a la ganadería en pequeña escala, que deja de recibir apoyos. Esto crea un círculo vicioso que se combina con el aumento en la población. Se dispara una rotación de las tierras más acelerada, el desmonte avanza y las tierras de la selva rinden menos. Caen los rendimientos del maíz y frijol. Escasean los alimentos, los campesinos enfrentan dificultades para comercializar sus productos; se renueva la presión sobre la tenencia de la tierra. Si se añade a esto la caída del precio del café, la contrareforma salinista al artículo 27 constitucional y los programas de solidaridad que a nivel micro palian, pero no resuelven, los problemas creados a nivel macro económico, la situación estalla.


1994) Entra en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomando algunas de las principales cabeceras de los Altos y la Selva. 
Después de 12 días de combate y haciendo eco de los reclamos de paz de la sociedad civil, el EZLN se sienta a dialogar con el gobierno. Los diálogos continúan todo el año mientras crece la militarización de Chiapas, en particular en la Selva y los Altos.

1995) El 9 de febrero el gobierno rompe de facto las pláticas y pretende aprehender a la comandancia del EZLN. Miles de familias huyen de sus comunidades, algunas a la Selva.

El diálogo se renueva a fines de marzo pero toma impulso en octubre. El EZLN convoca a representantes de organizaciones y a investigadores del tema indígena a dialogar sus demandas directamente con el gobierno.


1996) El 16 de febrero se firman los Acuerdos de San Andrés, una herramienta, tejida desde la base social, para democratizar las relaciones entre gobernantes y gobernados. El gobierno se compromete, en resumen, a no continuar con políticas unilaterales. Comienza el proceso de paramilitarización y aumenta la militarización del estado y de las zonas indígenas del país. Ante el incumplimiento gubernamental reiterado, el EZLN suspende el diálogo en agosto sin romperlo, y fija cinco condiciones para retomarlo: cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, un interlocutor con capacidad de decisión, liberación de los presuntos zapatistas, fin a la presencia militar y paramilitar, darle peso a la Comisión de Seguimiento.


1997) En varias regiones de los Altos y la Selva se crean municipios zapatistas en resistencia que desligitiman al gobierno. El hostigamiento militar y de las bandas paramilitares crece en las orillas de estos municipios. Hay en varios de ellos resistencia civil a la presencia del ejército federal. En diciembre, un grupo de paramilitares asesina a 45 personas en Acteal, Chenalhó. Al momento hay ya unos 20 mil desplazados internos, verdaderos refugiados de la guerra sucia.


1998-1999) El cerco militar, policiaco y paramilitar sobre los municipios zapatistas y las zonas indígenas de Chiapas se recrudece. De 40 mil efectivos en 1995, para finales de 1999 por lo menos se ha duplicado. En 1998, la sequía prolongada provoca múltiples incendios en todo el país, y a nivel mundial. La Selva Lacandona no es la excepción. A nadie, salvo a los campesinos, parece importarle.

2000) Se desata una campaña contra los supuestos incendios en la Selva Lacandona. Se responsabiliza a los campesinos asentados en la Comunidad Lacandona y en la RIBMA. Las propias mediciones de Conabio desmienten tal afirmación. Los tres incendios visibles desde el satélite están en la cercanía de los campamentos del ejército federal. Varios ecologistas y académicos promueven el desalojo de los campesinos para proteger la selva. La Semarnap exige la reubicación de varias comunidades “irregulares” que según sus funcionarios no tienen derecho a estar en la selva. Existe la amenaza de desalojo por parte de la Policía Federal Preventiva a las comunidades que no acepten su reubicación.

2002) De nuevo hay denuncias y avisos de que se planea una acción de desalojo. El gobierno de Chiapas lo desmiente, pero el gobierno federal, la PFP y el Ejército, no dicen nada. Sin embargo, el rumor crece. 

¿Y la ecología?  La riqueza. . . 

La Lacandona es una de las más extensas selvas altas perennifolias del país, la segunda selva tropical más importante de Latinoamérica después de la Amazonia, uno de los ecosistemas más complejos y diversos que se conocen. Incluye una porción significativa de la biodiversidad mexicana. Las 331200 hectáreas la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA), representa un quinto de la Selva Lacandona original, y en ella se encuentra el 70% de la vegetación original remanente: unas 4000 variedades de plantas vasculares y 1500 de árboles. Entre 20 y 25 % de las especies animales mexicanas están presentes en Montes Azules: más del 33% de las especies mexicanas de aves (345); cerca del 25% de especies de mamíferos (112); un 44% de las especies de mariposas diurnas (800). Su macizo forestal permite la regulación hidrológica regional, mantiene la humedad de los suelos y el control de la erosión. La cuenca Usumacinta-Grijalva contiene un tercio de los recursos de agua dulce de México. El sistema Grijalva genera más del 30% de la energía eléctrica del país. Cuenta con amplias reservas de petróleo y gas; yacimientos de uranio, hierro, aluminio, cobre. Varias de estas riquezas están en la mira de algunas empresas porque le son indispensables a los campos de la biogenética, la microelectrónica y  la nueva tecnología de materiales. Sus reservas de petróleo siguen siendo codiciadas.


¿Conservación?  El argumento de conservación de la Reserva de la Biosfera Montes Azules desenterró en el peor momento el antiguo conflicto agrario con la Comunidad Lacandona. En la amenaza de desalojar a las comunidades o en la posible privatización de las áreas naturales protegidas no se ha considerado que varios de los poblados emplazados no se encuentran en la ribma sino en la Comunidad Lacandona; que varios otros están legalmente constituidos, han sufrido las dilaciones de las instituciones agrarias o tuvieron que refugiarse en la selva ante el acoso del ejército federal o los paramilitares. 

Si los mapas de la Lacandona caminan es porque se han adaptado a los intereses en turno madereros, petroleros, agrarios o de bioprospección a los que hoy se agregan los objetivos militares del gobierno mexicano. Y mientras las políticas hacia la selva no se diseñen y se ejecuten con la participación de las comunidades, articulando conservación de recursos con prosperidad de quienes ahí viven, la selva y sus habitantes seguirán en peligro. hasta el día de hoy muchas organizaciones salen a la defensa, pero no de la selva lacandona, quienes lucran a través de este conflicto que atañe a la sociedad ocosinguense, mucho protagonistas, políticos queriéndole sacar provecho a este asunto para el proceso electoral 2015 sin importarles las masacres que se puedan dar. . . Bueno hasta aquí por hoy la Ronda, mañana ya veremos

 

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