Diputados
fortalecen a la CNDH: podrá llamar a comparecer, presentar juicios políticos e
investigar violaciones
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad
el dictamen que faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a
investigar violaciones a derechos, citar a comparecer a servidores públicos y
presentar juicio político en su contra. La propuesta que fue avalada en lo
general por 389 votos y en lo particular por 406 votos, deriva de una
iniciativa presentada el 9 de abril por la diputada priista Miriam Cárdenas
Cantú. La reforma adiciona los títulos VII y VIII a la legislación vigente: Del
Ejercicio de la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a Derechos
Humanos y Del Procedimiento para la Comparecencia de los Servidores Públicos
que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones. Mediante estas
adiciones se establece que la CNDH podrá investigar hechos que constituyan
violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo
solicite el Ejecutivo federal. Además, la petición del Ejecutivo federal podrá
hacerse por conducto de la Consejería Jurídica de la Presidencia, alguna de las
cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de
gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.
El ombudsman decidirá si ejerce la facultad de investigación o no, mediante
acuerdo fundado y motivado, y estará autorizado para citar a todos los
servidores públicos que considere deban comparecer ante la misma. El documento
aprobado por la asamblea establece que todas las autoridades están obligadas a
enviar la información que les sea requerida en el curso de la investigación de
la comisión, aun la reservada o confidencial. Señala que en las recomendaciones
que se emitan con motivo del ejercicio de la facultad de investigación, la CNDH
podrá presentar denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados o ante
las legislaturas de los estados, según corresponda. Cuando un servidor público
no acepte o incumpla una recomendación de la CNDH deberá fundar, motivar y
hacer pública su negativa, compareciendo personalmente ante el pleno de la
Cámara de Senadores. Tras la comparecencia, la CNDH determinará, previa
consulta con el Senado, si son suficientes la fundamentación y motivación
presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar
o a cumplir las recomendaciones emitidas. Si se determina que los fundamentos
son insuficientes y persiste la negativa a aceptar o cumplir la recomendación
de la comisión por parte del servidor público, la CNDH podrá denunciarlo ante
el Ministerio Público o ante la autoridad administrativa que corresponda. Al
presentar la postura de Nueva Alianza, René Fujiwara Montelongo, estableció que
salvaguardar los derechos humanos es una obligación ineludible del Estado
mexicano y para que lo logre es necesario de que todas las reglamentaciones
estén en armonía con las reformas constitucionales que emanan desde el Poder
Legislativo. Indicó que las reformas aprobadas otorgan más certidumbre jurídica
a la actuación de la CNDH para velar por el respeto de los derechos de las y
los mexicanos. Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habló Martha
Vital Vera, quien señaló que cualquier proyecto tendiente a fortalecer el mejor
cumplimiento de las labores constitucionales y legales de la comisión es
siempre bienvenido. No obstante, aclaró, el análisis correspondiente debe ser
muy agudo para no crear procesos o competencias huecos que en lugar de procurar
los derechos fundamentales los minimicen. Consideró que las ideas plasmadas en
la iniciativa respetan la tradición de los ombudsman y/o defensores del pueblo,
es decir, una institución proveniente de modo indirecto del Estado, con
carácter autónomo, con fortaleza moral y sin facultades coercitivas o
vinculadoras para hacer cumplir sus determinaciones. La diputada Miriam
Cárdenas Cantú fijó la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
mencionó que se tiene la oportunidad de renovar el marco jurídico de la CNDH
con esta iniciativa que se aprobó por el pleno, lo cual le permitirá más
efectividad en sus resoluciones.
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