Instruye Rutilio Escandón proporcionar capacitación a jueces municipales

 

Instruye Rutilio Escandón proporcionar capacitación a jueces municipales.

 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 07 de junio de 2014.- Como parte de la capacitación que se brinda constantemente a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, jueces municipales y secretarios de acuerdos recibieron el curso sobre contenido y redacción de convenios durante dos días, en el Palacio de Justicia de Tuxtla Gutiéerrez.

 

​El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, instruyó que se desarrollará esta actividad a través del Instituto de Formación Judicial y la Dirección de Juzgados de Paz y Conciliación, Juzgados de Paz y Conciliación Indígena y Juzgados Municipales, ya que es importante que las autoridades tengan las herramientas necesarias para saber ejercer sus funciones y servir a su comunidad; además de generar en las y los jueces el deseo de seguir preparándose académicamente.

 

​Señaló que en esta nueva cultura de justicia que se está arraigando en la entidad, todos los funcionarios judiciales deben comprometerse a desempeñar sus labores con responsabilidad y compromiso para garantizar a la población un servicio profesional.

 

​Así como estos jueces municipales participaron en esta actividad, también serán tomados en cuenta los demás impartidores de justicia, a fin de que el justiciable se acerque a los tribunales con la confianza de que recibirán una justicia expedita y equitativa, indicó Rutilio Escandón Cadenas.

 

Personal de 83 juzgados municipales que se encuentran en las regiones Centro, Norte-Selva, Fronteriza-Sierra y Costa-Soconusco, fueron los participantes de este curso impartido por la jueza Sandra Luz Ochoa Carboney y el magistrado de la Coordinación de Visitaduría, César Amín Aguilar Tejada.

 

​Cabe señalar que los juzgados municipales tienen competencia para conciliar asuntos en materia civil, familiar, mercantil y en materia penal tratándose de delitos que se persigan a petición de la parte ofendida, y de aquellos en que los interesados decidan someterse a alguno de los medios alternativos de justicia, siempre y cuando no se trate de los que la ley califique como graves o se afecte sensiblemente la sociedad.