Rendir cuentas e informar: Zoé Robledo

Cuando se trata del Poder Ejecutivo, la obligación de informar es en términos predominantemente cuantitativos. Se trata de poner a conocimiento de la ciudadanía lo que se ha hecho y cuánto se ha hecho. El Poder Ejecutivo gobierna para todos los habitantes del país o de todos los ciudadanos de una entidad federativa. Lo mismo sucede con los titulares de las alcaldías.

 

Se trata de dar a conocer qué se hizo, cuánto se hizo, cuántos son los beneficiarios y cuáles fueron los costos. Es una descripción a detalle del estado que guarda la administración pública y sus resultados en un período definido.

 

Algo muy distinto sucede en el caso de los legisladores de la federación y de los estados. El papel del legislador se mide en acciones específicas realizadas; pero también en explicar las razones políticas de sus comportamientos legislativos e, inclusive, en justificarlas. No solamente se trata de actuar, sino de empatar las actividades con la propuesta política respectiva. Un legislador, en lo fundamental, está comprometido con una propuesta política y una orientación ideológica.

 

En el Senado de la República hay distintas expresiones -muchas veces distintas y con frecuencia encontradas- del pensamiento político. Por eso mismo, las decisiones se corresponden con acuerdos y estos acuerdos no son fáciles de construir. Se requiere de habilidades para encontrar vértices de encuentro y, sobre todo, en la manera de enfrentar los grandes asuntos del país.  Por eso mismo, los resultados, aún cuando trascendentes no siempre son espectaculares.

 

Es espectacular inaugurar un puente, pero no es tan vistoso gestionarlo y negociar el presupuesto para su construcción. Es espectacular distribuir despensas, pero las búsquedas de acuerdos para acciones de fondo en contra de la pobreza suelen pasar desapercibidas. También, los legisladores suelen cargar con culpas por los impuestos, aunque se hayan opuesto de manera sistemática al incremento de los mismos.

 

En el caso de los legisladores del PRD -en general, porque hay diversas expresiones de pensamiento y, por eso mismo, distintos énfasis al momento de analizar un problema o una coyuntura- hay una línea política tutelar: la de construir un esquema social y económico que beneficie a las grandes mayorías de mexicanos. Se plantea atacar la pobreza con una distribución más justa de las cargas y de los beneficios que la Nación ha construido durante mucho tiempo y con muchas dificultades.

 

Estas propuestas de organización social son fáciles de entender, pero no es sencillo hacerlas reales. El escenario es de múltiples intereses y el trabajo legislativo no es una línea directa y mecánica, sino de construcción colectiva e intrincada.

 

En ese orden, la defensa de los intereses sociales es una cobertura aceptable, pero requiere de actitudes comprometidas.  A veces esa defensa es una tarea minoritaria y, por eso mismo, los resultados no siempre son los que se pretenden.

 

Aún así, considero que los legisladores de mi bancada han cumplido con su deber moral de resaltar la necesidad de un desarrollo más equitativo. De un desarrollo que implique cargas más parejas y un reparto más adecuado de las rentas sociales. Se puede promover la productividad, pero sin que ésta dependa de la concentración del ingreso. 

En el partido al que pertenezco se considera que una mejor derrama de ingresos constituye un factor decisivo para el desarrollo del mercado interno. Esta propuesta no implica ningún radicalismo.  Inclusive, es la idea de práctica y de mercado: para vender los automóviles que se producen es necesario crear un sector social de compradores y ello requiere de una mejor distribución del ingreso.

 

En esa tesitura, los programas de pensión universal y de apoyo a los desempleados, madres solteras, personas con capacidades diferentes, personas adultas mayores y de salud pública digna son consecuentes con una mayor equidad en el país. Nadie con buena intención se opondría a estas medidas de gobierno; sin embargo, no basta con las buenas intenciones: se requiere integrar fuerzas políticas diferentes y construir acuerdos para promover, operar y defender las propuestas de naturaleza progresiva.

 

Por supuesto, promover y defender los intereses de Chiapas también es parte consubstancial de la tarea legislativa. Trabajar para la región Sur-Sureste es una tarea que se inscribe en el marco de una búsqueda de la equidad, a partir de un redimensionamiento del federalismo. La Nación tiene muchas deudas pendientes y no se trata de cobrar, sino de buscar un mejor reparto de los bienes que corresponden a nuestra República.

 

Rendir cuentas sobre la acción legislativa es por tanto necesario. Como insumo de los ciudadanos para evaluar acciones y omisiones, votos dados en nombre de los chiapanecos y en defensa de sus intereses, de sus valores y de sus anhelos. Rendir cuentas es obligación ética con los ciudadanos a quienes se representa y obligación moral con quienes con su voto hicieron posible esa representación.